El acuerdo entre el Partido Popular y Vox para concurrir de manera coordinada al Senado en las elecciones del 29 de noviembre permite anticipar algunas de las dificultades que puede plantear la formación del próximo Gobierno de España. No se trata únicamente de una operación electoral para maximizar la representación parlamentaria de ambos partidos. Constituye también un precedente de cooperación que puede trasladarse a la negociación de una investidura. La cuestión central de estas elecciones podría terminar siendo menos quién obtiene más votos que quién consigue reunir una mayoría parlamentaria y en qué condiciones políticas debe hacerlo.
Existe un escenario cada dia más probable, aunque no sea el que dibujan todas las encuestas: que el PSOE termine siendo la primera fuerza política, pero carezca de una mayoría suficiente para gobernar, mientras el PP, con menos votos y diputados que en 2023, consiga formar un Ejecutivo gracias al crecimiento de Vox. Feijóo obtuvo entonces 137 escaños y el 33,1% de los votos, un resultado que no le permitió alcanzar la presidencia. Ahora podría producirse la situación inversa: obtener un resultado electoral peor y, sin embargo, acceder a La Moncloa. No habría ninguna contradicción con el funcionamiento de nuestro sistema parlamentario, donde gobierna quien consigue la confianza del Congreso.
Porque un Feijóo presidente con menos diputados que en 2023 y un Vox considerablemente fortalecido sería un presidente cuya autonomía política estaría condicionada desde el primer día. El Partido Popular podría ocupar la presidencia del Gobierno, pero la relación de fuerzas dentro de la mayoría dependería cada vez más de Santiago Abascal. Vox tendría capacidad para condicionar los presupuestos, las reformas legislativas y buena parte de las decisiones estratégicas del Ejecutivo. La debilidad del presidente no procedería solamente de la oposición socialista, sino de su propia mayoría parlamentaria. Una circunstancia que podría convertir cada negociación con Vox en una discusión sobre los límites reales del poder presidencial.
Esta dependencia tendría consecuencias sobre el contenido de las políticas públicas. Durante los últimos años, el PP ha ido incorporando parte del lenguaje y de las prioridades de Vox en cuestiones como las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, la eutanasia o determinados aspectos del sistema de pensiones, aunque las posiciones de ambos partidos no sean idénticas. La inmigración ofrece posiblemente el ejemplo más revelador de este desplazamiento. Los gobiernos de José María Aznar impulsaron varios procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes, mientras que durante el mandato de Mariano Rajoy continuaron existiendo mecanismos ordinarios de regularización por arraigo. Hoy, sin embargo, el PP se encuentra entre los principales opositores a la regularización extraordinaria promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El contraste resulta significativo porque refleja hasta qué punto ha cambiado el marco político del debate migratorio. Una medida que durante el Gobierno de Aznar podía presentarse como una respuesta pragmática a la realidad del mercado laboral se interpreta ahora desde conceptos como el efecto llamada, la presión sobre los servicios públicos o la seguridad. La competencia con Vox ha contribuido a desplazar el debate desde la integración de una población que ya vive y trabaja en España hacia la necesidad de demostrar firmeza frente a la inmigración irregular.
Dick Morris, asesor de Bill Clinton, popularizó durante los años noventa el concepto de triangulación para describir una estrategia mediante la cual un dirigente incorporaba posiciones de sus adversarios con el objetivo de ampliar su base electoral. Aunque la triangulación original de Clinton buscaba construir una posición diferenciada tanto de demócratas como de republicanos, parte del comportamiento de los partidos conservadores europeos recuerda a esa lógica de apropiación de las propuestas del competidor. La diferencia es que, en su relación con la derecha radical, esa estrategia puede acabar produciendo el resultado contrario: legitimar sus prioridades sin conseguir reducir su fuerza electoral. Cuando llega el momento de negociar un Gobierno, el partido conservador descubre que necesita a un socio cuyas ideas ha contribuido previamente a normalizar.
La formación de un Gobierno de PP y Vox podría introducir, además, una tensión institucional poco explorada: su relación con la Corona. La encuesta de Cluster17 para Agenda Pública, publicada en agosto de 2026, revela una contradicción especialmente significativa entre los votantes de Santiago Abascal. Mientras el 85,7% defiende la continuidad de la monarquía, solamente el 39,9% valora positivamente la actuación de Felipe VI y el 54,3% la juzga negativamente. Por el contrario, el 84,5% de los votantes del PP y el 63,3% de los socialistas aprueban el desempeño del monarca. La distancia entre ambos electorados de la derecha resulta reveladora: comparten su preferencia por la monarquía, pero mantienen valoraciones muy distintas de quien actualmente encarna la institución.
La contradicción es todavía mayor si se considera que el 63,7% de los votantes de Vox desearía una Corona con más poder político. Esta combinación de monarquismo institucional y desconfianza hacia Felipe VI podría adquirir relevancia si Vox entrara en el Gobierno o se convirtiera en su principal sostén parlamentario. Feijóo tendría que gestionar una mayoría en la que convivirían un PP ampliamente favorable al rey y un socio cuyo electorado cuestiona mayoritariamente su actuación. No significa que una crisis entre el Ejecutivo y la Jefatura del Estado fuera inevitable, pero sí que existiría una fuente potencial de fricción en una institución cuya estabilidad depende, entre otras cosas, de mantener su posición al margen de la competencia partidista.
La debilidad electoral de Feijóo podría tener, además, consecuencias dentro de su propio partido. La llegada a La Moncloa no garantiza necesariamente el cierre de los debates sobre el liderazgo, especialmente cuando se produce después de un retroceso electoral. Un PP con menos diputados y menos votos que en 2023 podría interpretar la presidencia de Feijóo como el resultado de una combinación parlamentaria favorable, más que como la confirmación de su capacidad para ampliar el espacio electoral del partido. En esas condiciones, el debate sobre su sucesión podría abrirse mucho antes de lo habitual, incluso durante los primeros meses de Gobierno. Los dirigentes territoriales y las distintas sensibilidades del PP tendrían incentivos para preguntarse quién estaría en mejores condiciones de recuperar los votos perdidos frente a Vox.
El resultado sería una presidencia sometida a dos presiones simultáneas: la de un socio parlamentario fortalecido y la de un partido que podría comenzar a preparar su futuro liderazgo mientras todavía ocupa el Gobierno. Feijóo tendría que negociar hacia fuera para mantener su mayoría y hacia dentro para preservar su autoridad. Esa doble dependencia podría condicionar su capacidad para desarrollar una agenda propia y favorecer una política cada vez más orientada a gestionar equilibrios internos que a impulsar reformas de largo alcance.
Las consecuencias de este escenario no terminarían en España. Un Gobierno de PP y Vox también podría modificar los incentivos de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo. El PSOE constituye una de las principales delegaciones de la familia socialdemócrata europea y ha sido un actor relevante en el mantenimiento de las mayorías que sostienen a la Comisión de Ursula von der Leyen. Pero resultaría políticamente más difícil mantener una cooperación estable con el Partido Popular Europeo en Bruselas mientras el PP gobernara España gracias a Vox. Los socialistas españoles podrían endurecer sus condiciones para respaldar las iniciativas de la Comisión o retirar su apoyo a determinadas mayorías, complicando una gobernabilidad europea que ya depende de equilibrios cada vez más frágiles.
Al mismo tiempo, una victoria de la derecha española tendría implicaciones para el conjunto del mapa político europeo. Giorgia Meloni ha construido buena parte de su influencia internacional combinando una identidad política nacionalista con una actuación pragmática en las instituciones comunitarias. Pero esa combinación también depende del entorno en el que opera. Un Gobierno de PP y Vox en España, una eventual victoria del espacio político de Marine Le Pen en Francia y una CDU alemana sometida a una presión creciente de AfD podrían ofrecer a Meloni nuevos incentivos para acentuar sus posiciones más próximas a la derecha radical. La necesidad de presentarse como una interlocutora moderada ante las principales capitales europeas disminuiría si esas capitales estuvieran gobernadas por fuerzas ideológicamente más cercanas.
El acuerdo del Senado adquiere así una dimensión que supera la aritmética de la Cámara Alta. Anticipa una posible transformación de la derecha española y de su relación con el poder. La paradoja de las próximas elecciones podría ser que Feijóo consiguiera finalmente aquello que no logró en 2023, pero lo hiciera en condiciones que limitaran profundamente su autoridad. Un presidente con menos respaldo electoral, dependiente de un Vox fortalecido, sometido a tensiones dentro de su propio partido y obligado a gestionar posibles conflictos institucionales. Y una España cuya nueva mayoría parlamentaria podría contribuir a desplazar también el centro de gravedad político de Europa. Feijóo podría llegar a La Moncloa sin haber ganado realmente la batalla por el liderazgo de la derecha.
